España: Fortaleciendo la acción conjunta para proteger la salud de los inmigrantes en situación irregular

se puede descargar la declaración conjunta en pdf aquí

Hace dos años, el 1 de setiembre de 2012, entró en vigencia el Real Decreto Ley 16/2012 (RDL 16) denominado “Medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.”  De este modo, bajo la justificación de la sostenibilidad financiera en un contexto de ‘austeridad fiscal’, España inició la implementación de una de las leyes más duramente criticadas por los comités de supervisión de los tratados internacionales de Naciones Unidas, Relatorías y Expertos/as Independientes del Alto Comisionado de Derechos de las Naciones Unidas y por el Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa.  

Esta norma no solo erosionó el sistema de salud de cobertura universal que existía hasta entonces en ese país, sino que ha dejado sin acceso a la ‘tarjeta sanitaria’ a las personas inmigrantes en situación irregular mayores de 18 años excepto en situaciones de urgencia, embarazo (parto y posparto) y solicitantes de protección internacional y víctimas de trata de seres humanos en periodo de restablecimiento y reflexión.  Las personas con enfermedades crónicas como el cáncer o la diabetes no tienen acceso a asistencia sanitaria gratuita ni a medicamentos.

Se estima que hasta la fecha el Ministerio de Sanidad español ha retirado la tarjeta sanitaria a 873.000 personas; además, se ha opuesto ante los tribunales a la continuidad de la aplicación de las normas de las Comunidades Autónomas que permiten la atención sanitaria a los inmigrantes en situación irregular, y ha ignorado las denuncias de organizaciones de la sociedad civil sobre los efectos negativos y posibles irregularidades en la aplicación del RDL 16.

Las organizaciones españolas Médicos del Mundo, Red Acoge y la Sección Española de Amnistía Internacional conjuntamente con el Centro por los Derechos Económicos y Sociales (CESR) vienen llevando a cabo desde 2012, acciones dirigidas a fortalecer la rendición de cuentas del estado en español sobre el impacto del RDL 16. Estas organizaciones han llevado a cabo, de manera individual y colectiva, acciones de incidencia política, investigación y denuncia tanto en el ámbito nacional como internacional para hacer visible este problema.  En el marco de la entrada en vigor del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del cual es parte España, dichas organizaciones también promueven  el fortalecimiento de las capacidades del sector jurídico para el litigio estratégico sobre las violaciones producidas en aplicación del RDL 16 que afecta al colectivo antes mencionado, en colaboración con el Grupo de Trabajo sobre Litigio Estratégico de la Red Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

En esta fecha, Amnistía Internacional, CESR, MDM y Red ACOGE han emitido un pronunciamiento conjunto denunciando el reiterado incumplimiento de España de sus obligaciones internacionales de derechos humanos y la profundización de la exclusión sanitaria de los inmigrantes en situación administrativa irregular.  Por su parte Red ACOGE, una federación de 17 organizaciones que presta asistencia social y jurídica a las personas inmigrantes, ha hecho un llamado  a “no renunciar a la legítima exigencia” del cumplimiento del derecho humano a la salud y a la derogación del RDL 16.

Para conocer más sobre el impacto negativo del RDL, puede acceder a las siguientes fuentes:

Centro por los Derechos Económicos y Sociales (CESR):

Amnesty International, Sección Española:

Médicos del Mundo:

Red Acoge: