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Critican nuevamente la política de austeridad de España en el examen de derechos humanos de la ONU

Los Estados se hacen eco de los llamados de la sociedad civil a abordar el grave deterioro de los derechos económicos y sociales.

El fracaso de España para proteger los derechos económicos y sociales en tiempos de crisis económica ha sido objeto de duras críticas por parte de otros Estados en el reciente Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Uno tras otro, los pares de España en la comunidad de naciones expresaron su preocupación por la erosión de los derechos económicos y sociales, después de cuatro años de medidas de austeridad mal concebidas.

Una ficha informativa de CESR publicada recientemente ilustra el papel que las políticas de austeridad fiscal de España han jugado en la extensión de la pobreza y la desigualdad en el país. El duro impacto de estas medidas regresivas se ha dejado sentir sobre todo entre los sectores más desfavorecidos, entre ellos mujeres, niños, adultos mayores, personas con discapacidad e inmigrantes.

Tal como muestra el riguroso análisis estadístico de CESR, cuatro años de continuos recortes en el gasto público han socavado gravemente los servicios sociales y la protección social en el país. Alrededor de 13 millones de personas están ahora en riesgo de pobreza y exclusión social en España –tres millones más que cuando se inició la crisis económica. Las tasas de pobreza infantil han aumentado, mientras que la brecha entre ricos y pobres se ensancha con tanta rapidez, que España es ahora uno de los países de mayor desigualdad en Europa.

Más de 30 Estados miembros de la ONU expresaron preocupación por los derechos económicos y sociales en relación con las medidas de austeridad en España. El impacto discriminatorio de las reformas del sector salud –en particular el Real Decreto Ley 16/2012, que excluye del acceso a servicios de salud a casi un millón de inmigrantes indocumentados, salvo circunstancias muy excepcionales– se enfrentó a un amplio coro de desaprobación. Muchos expresaron una preocupación específica en torno a la exclusión que enfrentan los migrantes en la asistencia sanitaria, la vivienda y la educación.

Los Estados también llamaron la atención sobre el aumento de la pobreza entre los niños, y pidieron a España abordar los obstáculos que enfrentan las víctimas y sobrevivientes de la violencia basada en el género. Como se detalla en la ficha informativa de CESR, las asignaciones de seguridad social para los niños y las familias se han reducido en un 91% desde 2008, mientras los recursos ya escasos para combatir la violencia basada en el género también se han reducido significativamente.

La crisis de desempleo causada por la política de austeridad de España también fue motivo de gran preocupación, con una serie de países que pidieron medidas más vigorosas para cumplir con el derecho a un trabajo digno. El desempleo de larga duración y la precariedad del empleo se han convertido en características crónicas del panorama económico de España, con una cuarta parte de la población activa sin trabajo y más del 50% de los jóvenes desempleados.

Particularmente importantes fueron las recomendaciones de los Estados – haciendo eco a las de CESR y sus socios nacionales– para que España lleve a cabo una evaluación sistemática de los impactos negativos de los ajustes fiscales sobre los derechos económicos y sociales, en particular para los grupos desfavorecidos, y que adopte medidas para mitigarlos.

También se le recordó a España que las medidas de austeridad deben ser temporales, estrictamente necesarias, proporcionadas y no discriminatorias, y que deben garantizar un mínimo de protección social en consonancia con las obligaciones básicas mínimas del gobierno. Esto representa una invocación bienvenida por parte de los Estados miembros de los criterios de derechos humanos sobre la austeridad, formulados por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales luego de la presentación de España ante dicho órgano en 2012.  Estos criterios  del Comité se produjeron  después de que una coalición de la sociedad civil, convocada por CESR, presentó al Comité evidencia detallada de los efectos negativos sobre los derechos humanos de las medidas de austeridad en España. Desde entonces, CESR ha promovido y utilizado activamente  estos criterios, por ejemplo,  a través de las pautas elaboradas para el Consejo de Europa sobre la protección de los derechos humanos en tiempos de crisis.  
Las recomendaciones del EPU siguen aquellas aceptadas por España tras su sesión del EPU en el 2010, así como las de varios Relatores Especiales de la ONU y expertos independientes, junto con los órganos de derechos humanos de Europa, que han expresado reiterada preocupación por la política de austeridad de España. A pesar de ello, España ha continuado con duras medidas de austeridad fiscal concentradas en profundos recortes a los presupuestos de los sectores sociales clave, sin considerar alternativas viables tales como luchar contra los altos niveles de evasión de impuestos, limitar los privilegios fiscales de las grandes corporaciones y las grandes fortunas individuales, y poner en práctica otras políticas fiscales progresivas y equitativas. La información puesta a disposición por  CESR sugiere que el régimen fiscal injusto de España está impulsando niveles descontrolados de desigualdad en el país.

En junio de 2015 España volverá a comparecer ante el Consejo de Derechos Humanos para responder a las recomendaciones del EPU. Esto representa una oportunidad clave para que el gobierno preste atención a las invocaciones realizadas por los mecanismos internacionales de derechos humanos y la sociedad civil para hacer frente a los efectos perjudiciales de las medidas de austeridad regresivas y para asegurar que los derechos humanos guían todos los aspectos de sus estrategias de recuperación económica.

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