Niñas y niños en un mundo urbano: Derechos negados, oportunidades desperdiciadas

Se avecina rápidamente el día en que la mayoría de los niños y niñas del mundo crecerán en zonas urbanas, tal como ya lo hacen más de 1.000 millones de ellos. Muchos de estos lugares se ven divididos por las desigualdades en el disfrute de los derechos, la distribución del poder y recursos y en lo más profundo, las posibilidades de los niños y niñas de seguir vivos y salir adelante.

Como señala UNICEF en el Estado Mundial de la Infancia 2012: Niñas y niños en un mundo urbano, la desigualdad urbana nos enfrenta a diario. Cientos de millones de niños, niñas y jóvenes padecen privaciones y vulnerabilidades en los mismos centros urbanos que albergan las élites comerciales, políticas y culturales. Son demasiados los niños y niñas que pasan sus días buscando algo que vender entre las basuras o fabricando ladrillos para los hogares de otras personas. Sus noches las pasan en viviendas improvisadas bajo la amenaza del desalojo forzado o en la calle.

En teoría, los niños y niñas que viven en la pobreza en zonas urbanas cuentan con todos los derechos económicos, sociales, civiles, políticos y culturales que reconocen los instrumentos internacionales. De ellos, el que ha sido ratificado más rápida y ampliamente es la Convención sobre los Derechos del Niño. En realidad, estos niños y niñas padecen las peores condiciones y son los habitantes de ciudades más necesitados. Es decir, se afrontan a las mayores violaciones de sus derechos.

Y las violaciones empiezan desde el primer día.

En teoría, cada niño tiene el derecho a ser inscrito al nacer y tener un nombre, y el derecho a adquirir una nacionalidad y a conservar su identidad. En realidad, más de uno de cada tres nacimientos en las grandes y pequeñas ciudades del mundo quedan sin ser inscritos. En las zonas urbanas de África subsahariana y  Asia meridional, no se inscribe casi uno de cada dos. Los niños y niñas carentes de una identidad oficial resultan invisibles, por lo tanto, están mucho más expuestos a la explotación y maltrato, por ejemplo, al verse obligados a participar en un grupo armado, trabajar en condiciones peligrosas o a contraer matrimonio a temprana edad. Aun para los niños y niñas que evitan estas dificultades puede resultar imposible tener acceso a servicios vitales como la educación.

Contar con un certificado de nacimiento no garantiza el acceso a los servicios ni a la protección contra los abusos. Pero las obligaciones que encierra la Convención fácilmente pueden pasarse por alto cuando se considera, a todos los efectos, que asentamientos enteros no existen y las personas pueden ser despojadas de sus derechos como ciudadanos por falta de documentos oficiales.

En teoría, cada niño y niña tiene el derecho a sobrevivir y desarrollar hasta alcanzar todo su potencial. En realidad, casi 8 millones de niños murieron en 2010 antes de llegar a la edad de 5 años a causa de la neumonía, la diarrea y las complicaciones durante el parto. Los niños que viven en asentamientos urbanos improvisados, hacinados e insalubres, como son los barrios marginales, son especialmente vulnerables. En Bangladesh, datos de 2009 arrojan que la tasa de mortalidad de niños menores de 5 años en los barrios de tugurios es un 79% más alta que la tasa urbana nacional.

Según establece la Convención, cada niño y niña tiene el derecho a una educación. En realidad, los niños y niñas provenientes de zonas urbanas pobres están en desventaja y es así desde muy pequeños. Aunque el 25% de los niños y niñas en las zonas urbanas de Egipto asistieron a centros de enseñanza preescolar en 2005-2006, apenas el 4% de los niños en los hogares más pobres disfrutaron de acceso a este servicio.

Entre las violaciones más generalizadas a los derechos de la infancia se encuentran las condiciones de vida inadecuadas. Carecer de una vivienda decente y segura, así como de la infraestructura para sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento condena a millones de niños y niñas en zonas urbanas a deficiencias de salud, un desarrollo físico o mental caracterizado por la desnutrición crónica o a la muerte. Incluso a las personas con documentos de identidad se les niegan acuerdos de alquiler apropiados u otros medios de protegerse a sí mismos y a sus hijos contra el desalojo arbitrario. Como observan colaboradoras en el presente informe, las mujeres y los niños y niñas a menudo han de trabajar cerca de sus viviendas para estar a la mano en caso de que el propietario o las autoridades locales aparezcan con excavadoras o matones a sueldo. Cuando se elimina la amenaza constante del desalojo forzado, los niños y niñas comienzan a ir a la escuela y los padres se sienten más seguros para realizar inversiones en viviendas adecuadas.

Evidentemente, otorgar una tenencia segura a familias que viven en asentamientos improvisados debe ser una prioridad. La inscripción de nacimientos se debe ofrecer a todos, al igual que los servicios deben alcanzar a todos los niños y niñas, sin importar si tienen o no alguna hoja de papel u otra. Los niños no deben ser sacrificados en el altar de la burocracia,  ni ha de usarse esta como ardid con la cual privar a los niños de sus derechos.

En teoría, entre los derechos de los niños y niñas está el de participar en la formulación de decisiones que les afectan a ellos y a sus comunidades. En realidad, se les niega este derecho, sobre todo si da la casualidad de que son pobres o vienen del barrio o la comunidad étnica equivocados.

La representación y la participación son derechos, pero si con esto no basta, el informe proporciona ejemplos de varias ciudades que demuestran que cuando se han incluido a los excluidos en los procesos de planificación urbana y toma de decisiones, esto ha dado paso a avances, por ejemplo, en el alfabetismo, la infraestructura y la seguridad. En el informe, se recomiendan formas en que los gobiernos, donantes y organizaciones internacionales pueden promover una gobernanza y vivencias inclusivas para provecho de todos, empezando por los niños y niñas.

Este punto no debe dejar de hacer eco en aquellos predispuestos a los argumentos instrumentales, puesto que la negación del derecho a participar excluye a quienes más tienen en juego, y a menudo los que más pueden ofrecer, del proceso de hallar soluciones que mejoren sus vidas y las de tantos otros.

El autor de este blog, Abid Aslam, es director del informe principal del Unicef, ‘Estado Mundial de la Infancia’. Foto: Una niña en Kirkuk, Iraq, arrastra la chatarra que su familia va a utilizar para reforzar su hogar: un pequeño espacio con cortinas en lugar de paredes, situado en el piso superior de un antiguo estadio de fútbol. © UNICEF/NYHQ2007-2316/Michael Kamber

Las opiniones expresadas en este blog son del autor, no reflejan necesariamente la posición oficial de CESR.


Posted by Abid Aslam on February 29th, 2012

Elecciones generales en Guatemala: condenado a repetir la historia?

Jorge Santos es Coordinador General del Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH), asociación dedicada a la investigación y generación de propuestas que promuevan y garanticen los derechos humanos en Guatemala.

El 11 de septiembre próximo más de 7 millones 300 mil guatemaltecos y guatemaltecas asistirán a las urnas en lo que representaría el séptimo evento electoral desde el retorno a la vida democrática, mismo que ha estado marcado por una serie de hechos que han producido lo que pudiesen ser factores distorsionadores del evento mismo.

Tal y como fuese documentado por la Comisión para el Esclarecimiento Histórico Guatemala estuvo marcada por un Conflicto Armado de 36 años que dejó una secuela de 250 mil víctimas directas y profundas consecuencias en la sociedad que aún no han sido subsanadas. Al culminar dicho conflicto con la firma de los Acuerdos de Paz, se inició una larga y aún no culminada reforma al Sistema de Partidos Políticos, hecho que ha degenerado en que el joven sistema adolezca de profundas desviaciones que redundan en causar mayores desigualdades en la participación, lo cual profundiza muchas de las causas del conflicto.

Este es un evento electoral atípico ya que se considera ser la más onerosa campaña electoral por parte de algunos partidos políticos; así como también por la debilidad institucional y democrática que se ha dejado manipular por los poderes fácticos del país.  El hecho más notorio ha sido la pretensión de participar a la presidencia de la que fuese la primera dama de la Nación y quien desde el inicio del Gobierno fue la impulsora de programas de asistencia social, que contaron con la negativa de la élite económica y con la simpatía de amplios sectores excluidos del país.  Este proceso de inscripción de la candidata del partido oficial se dio alrededor de cuestionadas decisiones por órganos encargados del proceso electoral mismo, así como por las cortes guatemaltecas. De esa cuenta, es que hoy por primera vez, el partido oficial no cuenta con candidata a la presidencia, sólo para congresistas y alcaldes.

Muchos consideran que la no inscripción de la candidata oficial se debió al temor de la élite económica de la profundización de políticas sociales que fueran en detrimento de sus espurios intereses, de tal cuenta que propiciaron el escenario bajo el cual su candidato fuese la única posibilidad para afianzar el poder político en el ejecutivo y en el legislativo, aún y cuando éste está acusado de graves delitos de lesa humanidad y de contar en la filas de su partido político a miembros del crimen organizado en particular en cuanto al financiamiento del partido se refiere.  Los otros candidatos, unos acusados de ser financiados por el narcotráfico y otros estar financiados por sectores de la oligarquía guatemalteca, dejan poco margen para los que representan intereses del bienestar común.  Muy probablemente estos hechos generan desencanto en la ciudadanía y se produzca lo que el viejo refrán popular dice “pueblo que no conoce su historia, está condenado a repetirla”.

Las opiniones expresadas en este blog son del autor no reflejan necesariamente la posición oficial de CESR

Posted by Jorge Santos on September 6th, 2011

Guatemala: CESR realiza presentación conjunta ante el Comité de Derechos Humanos

CESR, en cooperación con el Grupo con Interdisciplinario de Derechos Sexual y Reproductivos de Guatemala y el Planned Parenthood Federation of America, han presentado un informe al Comité de Derechos Humanos (CDH) el 30 de Julio pasado sobre temas económicos y de salud que están directamente relacionados con los derechos protegidos por el Pacto Internacional del Derechos Civiles y Políticos.
Guatemala se presentará ante el CDH durante la sesión 100 que tendrá lugar entre el  11 y 29 de Octubre próximo. El Comité examinará el tercer informe periódico de Guatemala relativo a la implementación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Basándose en los resultados del informe “Derechos o Privilegios” publicado en el 2009 conjuntamente por CESR y el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, esta presentación ante el Comité resalta que pese a ser Guatemala la una de los económicas más fuertes y sólidas de América Central, la pobreza e inequidad son atípicamente altas. Esto afecta particularmente a las mujeres, quienes ven sus derechos a la vida y a la igualdad vulnerada. Guatemala tiene una de las tasas de mortalidad materna más altas de América Latina, con 290 muertes cada 100,000 nacidos. Las mujeres indígenas son el grupo más afectado por muertes relacionadas al embarazo o parto: corren un riesgo tres veces mayor que las no indígenas de morir en el embarazo o parto. Las áreas rurales, generalmente con mayor población indígena, se encuentran desproporcionalmente afectadas por problemas de salud materna.

Esta presentación resalta también las falencias del estado guatemalteco en hacer frente a temas tan relevantes como el aborto ilegal e inseguro y al acceso a servicios de salud reproductivo, planificación familiar y anti contracepción. La necesidad insatisfecha de servicios de planificación familiar es particularmente alta en Guatemala. En el área rural es 25.4% y 29.6% entre mujeres indígenas, mientras que en áreas urbanas es 14.7% y 15.1% entre mujeres non indígenas. No es sorprendente que Guatemala tenga la tasa más alta en América Latina y una de las tasas de embarazo adolescente más altos de la región. 

Esta presentación espera contribuir al trabajo del CDH en asegurar que Guatemala proteja y respete los derechos civiles y políticos de todas las mujeres en el país.


Posted by Maria José Eva y Seona Dillon McLoughlin on