For Immediate Release: November 5th, 2009
Contact: Adelma Bercián (Guatemala), +502-2361-1570 to 74 or 414-9822 (mobile), adelma.bercian@icefi.org; Kevin Donegan (Madrid), +34-62-222-9307, kdonegan@cesr.org

Sin una política fiscal progresiva, el Estado guatemalteco viola sistemáticamente los derechos económicos, sociales y culturales de la ciudadanía

Boletín de Prensa, 5 de Noviembre, 2009

Descarga el informe:

Informe completo en español: ¿Derechos o Privilegios? El compromiso fiscal con la salud, la educación y la alimentación en Guatemala.

Executive Summary in English >>

MADRID y CIUDAD DE GUATEMALA
El estudio “¿Derechos o privilegios? El compromiso fiscal con la salud, educación y la alimentación en Guatemala”, elaborado por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) y el Center for Economic and Social Rights (CESR) concluyó que, al no implementar una política fiscal progresiva, equitativa y solidaria, el Estado guatemalteco viola los derechos económicos y sociales de las y los ciudadanos.

Para llegar a dicha conclusión, el estudio se centró en el análisis de tres derechos —alimentación, salud y educación— y en tres problemas graves que atentan contra ellos: la desnutrición infantil, la mortalidad materna y el fracaso escolar. Es en estas áreas donde los indicadores de Guatemala se sitúan entre los peores de América latina, a pesar de haber sido declarados de prioridad nacional en los Acuerdos de Paz y en los compromisos asumidos en el marco de los Objetivos del Milenio.

Es también en estas áreas donde más se evidencia el impacto negativo que ha tenido la falta de compromiso fiscal en la realización de los derechos humanos en Guatemala, en particular los derechos de la mujer, de la niñez y de los pueblos indígenas.

Este documento, -que se presenta justamente cuando en la agenda nacional se están discutiendo tanto el proyecto de presupuesto general para 2010 y como la necesidad de aprobar una reforma fiscal-, pone en evidencia que el pobre desempeño de Guatemala en asegurar niveles básicos de los derechos sociales de toda la población se debe, en gran parte, a la falta de voluntad política de los Gobiernos de la última
década de invertir en políticas sociales. La proporción del PIB destinado al gasto social figura entre los más bajos de toda América Latina. A su vez, es uno de los países que menos recauda para el erario público, limitando la posibilidad de responder adecuadamente a las necesidades de la población a través del presupuesto público. Guatemala cuenta con una de las cargas tributarias más bajas de América Latina, así como con uno de los marcos de exoneraciones y exenciones fiscales más generosos. El estudio atribuye la baja recaudación e inversión fiscal a la histórica cooptación del estado por intereses económicos, tornando la salud, la alimentación y la educación en privilegios de unos pocos en vez de derechos universales.

En países como Guatemala, donde persisten grandes desigualdades estructurales, altos niveles de pobreza y crecimiento económico inestable, la política fiscal representa el margen de maniobra del Estado para generar y reorientar recursos con el fin de hacer efectivos los Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC) de forma universal y progresiva, reduciendo las brechas de desigualdad en su goce. La política fiscal constituye por lo tanto la clave del arco que sustenta el modelo de Estado garante de derechos.

La investigación, que realizó trabajo de campo en el municipio de Sehanú, Alta Verapaz, para verificar el acceso de las poblaciones rurales e indígenas a los servicios públicos, hace las siguientes recomendaciones para que el gobierno de Guatemala pueda asumir el compromiso fiscal necesario para
dar cumplimiento progresivo a los DESC en el país. Algunas de ellas se basan en estimaciones de los niveles mínimos de inversión que se requieren para cumplir con las metas establecidas a nivel nacional.

  1. Incrementar el gasto público en salud de 0.1 a 0.6% del PIB como primer paso para alcanzar la universalización del servicio en los tres niveles de atención y la creación de un sistema integrado de servicios de salud con cobertura universal, que asegure a toda la población, sin ningún tipo de discriminación, el acceso a servicios de atención de calidad y con pertinencia cultural.
  2. En relación a la mortalidad materna, instituir y financiar adecuadamente las intervenciones y políticas necesarias para asegurar la disponibilidad, accesibilidad, pertinencia y calidad de los Cuidados Obstétricos de Emergencia (COE), la asistencia calificada en el parto y las redes de referencia, de tal forma que se alcance, como mínimo, la meta fijada en los Objetivos del Milenio.
  3. Realizar una profunda revisión, tanto de los recursos que se destina a las políticas de seguridad alimentaria y nutricional, como de la forma en la que estas se ejecutan, para asegurar su coherencia con los principios de universalidad, progresividad e igualdad en derechos de tal forma que permita alcanzar, como mínimo, la meta fijada en los Objetivos del Milenio en el 2015.
  4. Diseñar de manera participativa, una estrategia para lograr un sistema educativo que logre atraer y mantener a los niños, niñas y jóvenes tradicionalmente excluidos del sistema, y que promueva la multiculturalidad, la equidad de género y calidad educativa.
  5. Incrementar gradualmente el presupuesto del sector Educación, del actual 2% del PIB a aproximadamente el 3.9% en 2010, hasta llegar al 4.5% en 2015. Este incremento permitiría cumplir las metas promovidas por la propia sociedad guatemalteca de asegurar que todos los niños y las niñas de Guatemala puedan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria, así como aumentar la cobertura del nivel básico educativo a 53%, y del nivel diversificado a cerca del 30%.
  6. Eliminar los privilegios fiscales y reducir los incentivos fiscales que responden a los “derechos adquiridos” por algunos de los sectores empresariales más poderosos. Y reducir el gasto tributario de tal forma que se genere un incremento de la carga tributaria de por lo menos 0.4% del PIB en 2010 y 1% del PIB en el año 2014.
  7. Mejorar el sistema de administración tributaria, su transparencia y los mecanismos de rendición de cuentas. Dar seguimiento a los programas anti-evasión, así como a los programas para la persecución y combate coordinado del incumplimiento tributario.
    Incrementar los ingresos tributarios de forma más equitativa, aumentando la tasa del Impuesto sobre la Renta (del 5% actual al 9%), y fortaleciendo el Impuesto Único sobre Inmuebles (IUSI).
  8. Considerar la contratación de deuda pública como un mecanismo viable para incrementar los fondos disponibles para la realización de los derechos humanos, y evaluar los créditos sectoriales a educación y salud con el fin de mejorar la estrategia futura de financiamiento.
  9. Mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en la ejecución del gasto, pues tanto la corrupción como la ineficiencia en la ejecución del gasto público impiden la plena utilización de los recursos públicos a favor del cumplimiento de los derechos humanos.
Visita a nuestra p ágina sobre Guatemala para más information.


Comments

Comments are now closed for this item.