Aunque se ha progresado mucho en el desarrollo de nuevas herramientas y técnicas para el monitoreo de la aplicación de los derechos ESC, también ha existido una tendencia a centrarse en aspectos específicos de esa obligación de aplicar los derechos ESC, por ejemplo, utilizando indicadores y puntos de referencia para valorar la puesta en práctica progresiva o llevando a cabo análisis de los presupuestos para valorar el máximo de recursos disponibles. A pesar de que tales técnicas pueden ser complementarias, se necesita un marco de trabajo central que confiera coherencia a esa variedad de herramientas y técnicas distintas para obtener una imagen completa del cumplimiento.

Para salvar esta brecha, CESR ha desarrollado un marco de trabajo, sencillo pero integral, que se compone de cuatro pasos en los que se analizan varios aspectos de la obligación de aplicar los derechos económicos y sociales. Este marco de trabajo, al que llamamos OPERA (acrónimo inglés para Resultados, Esfuerzos Políticos, Recursos y Valoración), incorpora diferentes medidas para principios y estándares específicos de derechos humanos, situándolos en cuatro niveles de análisis: Resultados, Esfuerzos Políticos, Recursos y Valoración

Como una guía en la labor de CESR para la aplicación nacional de los derechos ESC, el marco de trabajo OPERA permite una evaluación que triangula los resultados, las políticas y los recursos para ofrecer una imagen mucho más completa de lo que un Estado está haciendo para promover la materialización de derechos específicos. Es importante subrayar que OPERA asocia las privaciones económicas y sociales y las disparidades con las acciones u omisiones del Estado, pudiendo llegar así a un caso en que tales acciones u omisiones constituyan una injusticia y una violación de derechos humanos.

El marco de OPERA

El marco de trabajo OPERA ha sido diseñado para ser dinámico y adaptarse a diferentes contextos. Sirve de fuente de directrices para los defensores y promotores de derechos humanos. A continuación exponemos una visión general del marco de trabajo.

1. Resultados: valoran el nivel de materialización del derecho.

El primer paso utiliza indicadores que miden los resultados relevantes de desarrollo (como la tasa de mortalidad materna o de finalización de la educación primaria), para valorar el disfrute de los elementos básicos de los derechos económicos y sociales en un país determinado e interpretar sus obligaciones básicas mínimas. Los datos desagregados por género, etnia, posición o situación económica subrayan las disparidades en el disfrute de estos derechos a través de los grupos de población, para valorar el principio de no discriminación. El seguimiento de estos indicadores a lo largo del tiempo proporciona una medida de la materialización progresiva de estos derechos. Comparar los datos desagregados a lo largo del tiempo deja patentes las disparidades en las tasas de avance. Las comparaciones internacionales o regionales, especialmente entre países con niveles comparables de riqueza acumulada, ofrecen un punto de referencia para detectar si un país no está consiguiendo suficiente en un indicador concreto de resultados, teniendo en cuenta sus recursos.

2. Esfuerzos Políticos: valoran el compromiso y los esfuerzos del Estado para materializar el derecho.

El segundo paso tiene por objetivo valorar si un país está cumpliendo con el deber de llevar a cabo "actos" que sean "deliberados, concretos y orientados", para analizar los compromisos internacionales del Gobierno en derechos humanos y las disposiciones constitucionales y legislativas que les otorguen efectividad. La información cuantitativa y cualitativa sobre disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad (los criterios DAAC) de algunas intervenciones importantes que hacen efectivos los derechos económicos y sociales, ilustra cómo esos compromisos legales y políticos se han puesto en práctica. Finalmente, también se analiza el proceso a través del cual se formulan e implementan las políticas, para determinar si observan los principios de participación, rendición de cuentas y transparencia.

3. Recursos: valoran si un Estado dedica recursos suficientes a un derecho.

El tercer paso analiza el presupuesto del Gobierno desde la perspectiva del "máximo de los recursos de que disponga". No solo valora los gastos, sino también los ingresos, para determinar si la asignación de recursos es equitativa y eficaz y si las políticas fiscales elegidas generan suficientes recursos. Este paso también puede incluir un análisis del proceso del ciclo del presupuesto desde la perspectiva de los principios de derechos humanos en cuanto a participación, no discriminación, transparencia y rendición de cuentas.

4. Valoración: interpreta las restricciones antes de realizar una valoración global.

El paso final reúne los hallazgos de los pasos previos para determinar si un Estado está cumpliendo con sus obligaciones en materia de derechos económicos y sociales. Sin embargo, antes se hace una pausa para considerar las restricciones que el Estado afronta en sus esfuerzos para materializar los derechos, lo que garantiza que se tiene en cuenta el contexto amplio en el que ese Estado opera como parte de la valoración global. Como reflejo de la indivisibilidad y la interdependencia de los derechos, en primer lugar es necesario identificar los factores sociales, económicos, políticos o culturales que impiden que las personas disfruten de sus derechos. Después se identifica cómo las acciones u omisiones de agentes no estatales tienen un impacto negativo en la capacidad del Estado para promulgar políticas y asignar recursos que materialicen los derechos en revisión, con el fin de comprobar si el Estado está observando su deber de respetar y proteger y si agentes internacionales no estatales están infringiendo sus obligaciones transnacionales. Por último, se realiza una valoración integral del cumplimiento de un Estado respecto a sus obligaciones en derechos económicos y sociales.

En breve se incorporarán recursos adicionales del marco.