Para ver los trabajo recientes en Ecuador, visitar el Centro de Derechos Economicós y Sociales

América Latina proporciona una sólida base para el trabajo sobre los derechos económicos y sociales dada la larga historia de su activismo por los derechos humanos, el florecimiento de movimientos populares y el hecho de que las políticas económicas en la región hayan dado lugar a algunas de las sociedades más desiguales del mundo. A pesar de la nueva apertura política en los últimos años, el desarrollo de la región sigue excluyendo a una gran parte de la población y está dictada cada vez más por instituciones financieras internacionales y corporaciones extranjeras.

La labor de CESR en América Latina ha tenido dos líneas de trabajo: primero, denunciar los proyectos de desarrollo en el Amazonas por su falta de mecanismos para establecer responsabilidades y de participación comunitaria, y segundo, promover una mayor atención y ejercicio de los derechos económicos y sociales entre la sociedad civil y los gobiernos de toda América Latina.

Las políticas de desarrollo en el Amazonas han tenido consecuencias devastadoras sobre la salud y el bienestar de las comunidades locales y sobre el medio ambiente. En 1993, CESR reunió un equipo de científicos que presentó la primera prueba concluyente de que las comunidades del Amazonas ecuatoriano estaban expuestas sistemáticamente a residuos tóxicos producidos por las compañías petroleras. Con base en tales pruebas, CESR presentó un informe (PDF en inglés) "Rights Violation in the Ecuadorian Amazon: The Human Consequences of Oil Development" que acusaba al gobierno de Ecuador y a las compañías petroleras de EE.UU. de violar los derechos a la salud y a un entorno saludable. Este informe reforzaba los intentos comunitarios de frenar la explotación petrolera irresponsable, aportando dos elementos críticos: un marco internacional de derechos humanos y evidencias científicas fiables de las violaciones. 

Desde entonces CESR ha colaborado con grupos defensores del medio ambiente y grupos indígenas para exigir una mayor transparencia y participación pública en los procesos de desarrollo. Asimismo, CESR ha trabajado con miembros del Congreso ecuatoriano para garantizar unas regulaciones medioambientales y sociales más estrictas.

Además, para fomentar que los derechos humanos se consideren un asunto central en el debate nacional sobre el desarrollo, CESR:

• ha elaborado y difundido numerosas publicaciones sobre derechos económicos y sociales, incluyendo materiales para la educación e informes legales;
• ha lanzado, junto a grupos locales defensores de los derechos humanos, una campaña informativa a nivel nacional sobre derechos económicos y sociales;
• ha ayudado a establecer una red comunitaria, coordinándose con ONGs nacionales e internacionales, para vigilar los asuntos relacionados con el desarrollo y los derechos humanos;
• ha coorganizado talleres sobre asuntos clave, como la negociación con compañías petroleras;
• ha organizado una serie de seminarios con un grupo de activistas y académicos para elaborar una propuesta sobre violaciones de derechos y enviarla al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU;
• ha coorganizado investigaciones con comisiones de supervisión del Congreso sobre las prácticas de la explotación petrolera;
• y ha organizado conferencias y presentaciones públicas en el ámbito profesional y académico para concienciar sobre los derechos económicos y sociales.

Foto cortesía de Andy Ryan

Este trabajo ha tenido su eco en países de la región con problemas similares. Activistas de Colombia, Venezuela, Perú y Bolivia han participado en talleres de CESR para compartir información y desarrollar estrategias comunes. Estos contactos llevaron a CESR y a otros grupos de Perú a colaborar en la redacción de informes para el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU y para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. CESR también ha coordinado el mayor encuentro hasta la fecha de ONGs latinoamericanas que trabajan en los derechos económicos y sociales. De este encuentro salió la Declaración de Quito y su Preámbulo (en inglés). 

Para poder adaptarse al creciente número de proyectos, CESR estableció en 1996 un programa para  América Latina y abrió a finales de 1997 una oficina local en Quito, Ecuador. Antes de 2000, la oficina de Quito ya había llegado a ocupar una destacada posición como defensora de los derechos humanos en la región, con un equipo de 11 colaboradores a tiempo completo y fuertes lazos de colaboración con agrupaciones de todos los países amazónicos y andinos. Actualmente, la oficina de Quito cumple con numerosas funciones de importancia en la región: como coordinadora de la iniciativa en la región de los DESC involucrando a cinco redes de América Latina, como coordinadora ecuatoriana de la Plataforma Sudamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, y como coordinadora para la región andina de la Alianza Amazónica.

El objetivo principal del trabajo de CESR en América Latina ha sido desarrollar las capacidades locales y ceder el liderazgo a la dirección e iniciativa local. Los miembros del equipo contratados provienen en su mayoría de la región y los proyectos son organizados por un equipo de experimentados abogados y activistas ecuatorianos. En agosto de 2000, tras varias consultas, la oficina regional de Quito dio el último paso en el desarrollo institucional y se constituyó en una ONG autónoma según la ley ecuatoriana, pasándose a llamar Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES).